Madrid, 28 de septiembre de 2022. Durante los próximos meses los fondos Next Generation EU deberán saltar del papel a una realidad al servicio de la sociedad y de la economía.
Una parte de estos fondos tienen como destino la construcción de infraestructuras, cuyas inversiones comenzaron a trasladarse a la contratación pública en 2021, ligadas a una planificación acordada con Bruselas: comprometer dos tercios del gasto hasta 2022, lo que, de cumplirse, supondría la autorización para comprometer el resto en 2023 (prolongándose su ejecución hasta 2026). Estos estrictos requerimientos para la gestión y ejecución de un volumen de inversión considerable, han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar el marco regulatorio que rige la contratación pública. A tal fin, se han ido aprobando diversos reales decretos leyes, como el 36/2020 para la modernización de la Administración Pública o los relacionados con la revisión de precios en los contratos públicos de obras.
Estas medidas, impulsadas con buen criterio por el Gobierno, están sin embargo teniendo una eficacia limitada. Su horizonte temporal está además ligado a los fondos de recuperación europeos.
Como asociación que agrupa a empresas que participan en la contratación pública de manera habitual, Anci viene insistiendo en la necesidad de introducir ciertas modificaciones en el actual sistema que faciliten la programación, contratación, gestión y ejecución de las inversiones públicas. Entre otras, agilizar los procedimientos administrativos, establecer mecanismos automáticos de actualización y revisión de los precios del contrato, o racionalizar el uso de la figura de la modificación del contrato de obras.
Las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen fecha de caducidad y, sin embargo, las infraestructuras de un país deben entenderse y planificarse con sentido de Estado, con una inversión eficaz, sostenible y de triple retorno: social, económico y medioambiental. Por ello las medidas establecidas para los proyectos financiados con fondos europeos no deben finalizar con éstos, sino ser el principio de una reforma más ambiciosa destinada a mejorar la eficacia de la contratación pública en España.