• Tribuna originalmente publicada en el diario El Economista

Madrid, 28 de abril de 2026. Un elemento esencial del estado del bienestar de un país es, sin duda, sus infraestructuras.

Carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos configuran la red que sostiene la movilidad de personas y mercancías. Hospitales, colegios o viviendas públicas dan respuesta a necesidades sociales básicas. Y las infraestructuras hidráulicas -depuradoras, desaladoras, presas, regadíos- son esenciales para la salud pública, la seguridad alimentaria y la protección frente al cambio climático. Detrás de cada una de estas actuaciones hay un sector -público y privado- que combina conocimiento técnico, capacidad de gestión y vocación de servicio público.

España disfruta de un amplio y moderno stock de infraestructuras como resultado de las inversiones de los últimos cuarenta años, ejecutadas por unos potentes sectores público y empresarial. Somos un referente en la ejecución de infraestructuras. Algo que no ha sido fruto de la casualidad, sino de una estrategia muy concreta de la Administración española, que ha permitido el desarrollo de grandes infraestructuras con una mejor relación calidad-precio y menores desviaciones en plazo y presupuesto, que el resto de países. Una estrategia basada en la articulación de estos grandes proyectos a través de múltiples contratos, permitiendo así reducir riesgos, incrementar la competencia en cada licitación y evitar concentraciones excesivas de conocimiento y capacidad en unas pocas empresas.

Pero disponer de una buena base no significa que todo esté hecho. Al contrario, los retos actuales son cada vez más exigentes: avanzar en la descarbonización, adaptarse al cambio climático, dar respuesta al crecimiento demográfico, modernizar infraestructuras ya maduras y, sobre todo, garantizar un mantenimiento adecuado que preserve su valor a lo largo del tiempo.

Todo ello sitúa en el centro del debate la necesidad de asegurar la estabilidad en la inversión. Evitar periodos de infrainversión, especialmente en momentos en que las condiciones macroeconómicas no sean tan favorables como las actuales, resulta clave para no comprometer ni la calidad de los servicios ni la competitividad del país.

Porque las necesidades son significativas. Por citar algunas, desde 1995, la inversión en infraestructuras hidráulicas ha caído un 42%, tal y como recoge el informe de la Fundación BBVA y el IVIE, pese a su papel estratégico en la gestión del agua y en la resiliencia frente al cambio climático. O si hablamos del mantenimiento de nuestras infraestructuras, España debería destinar 10.500 millones de euros adicionales al año para converger con los niveles de inversión europeos, según el Instituto de Estudios Económicos, con un 52% de las carreteras con deterioros graves o muy graves, según la Asociación Española de la Carretera.

En este contexto, es justo reconocer también el compromiso de la Administración por revertir esta situación. El reciente anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, de un Plan Extraordinario para la mejora de los firmes -con actuaciones en más de 5.000 kilómetros y una inversión de 1.629 millones de euros entre 2027 y 2031- apunta en la buena dirección.

Atender estas necesidades en materia de infraestructuras exige actuar en dos planos complementarios. Por un lado, avanzar en una planificación a largo plazo de la inversión, tanto en construcción como en conservación. La futura Ley de Movilidad Sostenible recoge esta cuestión de manera muy acertada, si bien sería deseable reforzar la publicidad sobre los proyectos previstos a corto, medio y largo plazo, permitiendo a las empresas anticipar la evolución del mercado y planificar su actividad con mayor eficiencia. Por otro lado, asegurar los recursos necesarios para ejecutar esa planificación. Sin incrementar la presión fiscal al ciudadano, el camino pasa por complementar la financiación pública con el capital privado, a través modelos concesionales. Sin embargo, la actividad concesional en España es prácticamente inexistente desde la entrada en vigor de la Ley de Desindexación de la Economía Española que impide que la rentabilidad de los proyectos se pueda ajustar a los riesgos de cada proyecto, reduciendo así su atractivo para el inversor. Por tanto, poder hacer uso de estos modelos concesionales para multiplicar y aportar estabilidad a la capacidad inversora de un país requiere, sin duda, modificar su marco normativo. Con una regulación más favorable, ese capital privado podría estar activando proyectos de infraestructuras que hoy no se pueden atender por falta de financiación.

El sector, desde luego, cuenta con la capacidad necesaria para ejecutar estos proyectos. Ha demostrado sobradamente su adaptabilidad a diferentes entornos, como la rápida reactivación de su actividad para atender las inversiones derivadas de las medidas de recuperación de la crisis del COVID. Es cierto, sin embargo, que el sector empresarial está ejecutando esta actividad en un escenario complicado, marcado por la inestabilidad, la incertidumbre y, sobre todo, por un crecimiento continuo de los costes de construcción, en torno a un 28% -sin considerar los impactos adicionales derivados de la guerra de Irán-, mientras que el marco normativo de contratación pública no ofrece las herramientas necesarias para permitir trasladar esta realidad a las condiciones de los contratos.

Esta situación está generando un incremento del riesgo que asumen las empresas y una reducción de la rentabilidad de su actividad, un impacto muy negativo que afecta incluso a la viabilidad de los proyectos. De ahí la importancia de avanzar hacia contratos más equilibrados en el binomio riesgo-rentabilidad. Licitando proyectos con presupuestos acordes a los precios de mercado y que permitan adecuar la ejecución de los contratos a la realidad económica de los precios, mediante mecanismos de revisión de precios eficaces y que consideren el peso que la mano de obra tiene en la ejecución de la obra pública, y la evolución de sus costes. Igualmente, la correcta gestión de los contratos exige reconocer la complejidad inherente a las obras públicas. En la actualidad, la herramienta prevista en la norma para para adaptar los proyectos a la realidad de su ejecución, el modificado, tiene una tramitación tan complicada y una aplicación tan limitada, que no resulta efectiva. Por ello es necesario adecuar la regulación del uso de esta figura a los procedimientos establecidos en las directivas europeas, que contemplan un uso más ágil y flexible de los modificados.

En definitiva, las infraestructuras son un pilar fundamental del desarrollo económico y social y España cuenta con un sector preparado y competitivo para afrontar los retos del futuro. Pero para garantizar su sostenibilidad será imprescindible reforzar la estabilidad en la inversión, mejorar el marco regulatorio y asegurar unas condiciones que permitan ejecutar los proyectos con calidad y eficiencia.