Concha Santos, presidenta de ANCI

Madrid, 12 de noviembre de 2025. El futuro del sector de la construcción de obra pública pasa por garantizar la estabilidad de la inversión, mantener la competencia que ha alentado la creación de una industria puntera como la española, y asegurar la rentabilidad de las empresas.

Respecto a la inversión, si bien es cierto que desde 2020 las administraciones públicas han duplicado el volumen de licitación, también lo es que el esfuerzo inversor, es decir, la ratio de inversión sobre PIB, no remonta desde la crisis de 2008. Hoy se sitúa al mismo nivel de 1995. Además, sigue sin revertirse la política de inversión en obra hidráulica, que desde aquel año se ha reducido a la mitad. Todo ello a pesar de la creciente necesidad de disponer de infraestructuras que nos ayuden a prevenir o reducir las consecuencias del cambio climático, como las sequías o, especialmente, las inundaciones.

Si atendemos a las necesidades de nuestro país en materia de infraestructuras, las perspectivas de inversión de los próximos años deberían ser buenas. Ahora bien, todo depende de la disponibilidad presupuestaria, ya que, hoy por hoy, no se contemplan alternativas como las concesiones. Y aquí entran en juego dos circunstancias que generan incertidumbre: la conclusión de los fondos Next Generation a mediados del año que viene (que han supuesto aproximadamente un 20% de la licitación en obra pública en estos años) y el modo en que puede afectar el compromiso de inversión en Defensa asumido con la OTAN.

Por otro lado, tan importante como que haya inversión en obra pública que genere actividad en el sector, es que esa actividad sea rentable para las empresas. Siempre hemos sido un sector que asume mucho riesgo para obtener unos márgenes reducidos. Pero desde la pandemia y con la posterior crisis de precios de los materiales y la energía, la rentabilidad de las empresas se ha visto mucho más tensionada.

Desde la pandemia se ha producido un significativo incremento de los precios de los materiales, la energía y la mano de obra. En cifras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los costes de construcción son hoy un 27% superiores a los de finales de 2020. Y, pese a ello, siguen publicándose licitaciones con presupuestos que no reflejan esa realidad, porque se basan en proyectos antiguos o en bases de precios desactualizadas.

Además, en muchos casos no puede trasladarse esa evolución de los costes al contrato, ya que la revisión de precios de la LCSP no es obligatoria. Así, salvo excepciones, los órganos de contratación no la aplican.

Asimismo, el mecanismo de revisión de precios, tal y como está planteado, resulta insuficiente para cubrir los incrementos reales que se producen. En este sentido, no se entiende que, en un escenario de incremento sucesivo de los costes laborales, la mano de obra siga excluida de las fórmulas de revisión de precios.

Por otro lado, la rentabilidad también se ve afectada por la consideración que tiene el criterio precio en las licitaciones públicas. España es hoy un referente internacional en la construcción de infraestructuras, por su capacidad para equilibrar calidad, precio y plazo. Y esto es así porque nuestro sistema de contratación favorece la concurrencia y la competencia. Y competir nos ha llevado a ser un sector muy eficiente y con una gran solvencia técnica. Pero también es cierto que esta tensión competitiva conlleva una presión de las ofertas a la baja, que es preciso gestionar por cada agente en la parte que le compete.

Las empresas deben calibrar muy bien los riesgos que pueden asumir, sobre todo cuando de partida pueden encontrarse -como se reseñaba antes- con proyectos con precios por debajo de mercado y además sin posibilidad de reequilibrio durante la fase de ejecución.

Por su parte, los órganos de contratación pueden actuar en dos aspectos. Primero, en la selección de los criterios de adjudicación, es decir, el debate entre el concurso -basado en la mejor relación calidad-precio y que permite una valoración técnica de la oferta- y la subasta, que simplemente evalúa el precio más bajo. Y segundo, en la forma en que se valoran las bajas en las ofertas, o cuan riguroso es el análisis que se hace de las justificaciones de las bajas temerarias.

En definitiva, nuestro sector necesita estabilidad en la inversión, licitaciones con precios de mercado, una revisión de precios automática que incluya la mano de obra, procedimiento de contratación abiertos de concurrencia competitiva basados en la mejor relación calidad-precio y una valoración de las ofertas económicas que desincentive las bajas anormales.

Para concluir, un apunte sobre la falta de mano de obra que vive el sector: solo si podemos acreditar que somos un sector con una actividad estable a largo plazo y que nuestras empresas son rentables, y que por ello tienen la solvencia y la capacidad para invertir en tecnología, en innovación, en formación y ofrecer planes de carrera y salarios atractivos, entonces estaremos en condiciones de atraer y retener el talento.