Madrid, 25 de septiembre de 2025. El progreso y el bienestar de la sociedad tienen un aliado silencioso pero decisivo: el sector de la construcción. Más allá de su importante peso económico en el PIB o en el empleo, la construcción de infraestructuras es un verdadero servicio público, que acompaña la vida de las personas. Una carretera o un ferrocarril que nos conecta, una depuradora que protege el agua y nuestro entorno o un hospital que cuida nuestra salud: cada obra es una pieza esencial para la cohesión, la competitividad y, sobre todo, para garantizar seguridad, salud y calidad de vida.

También lo es para nuestro futuro. Los grandes desafíos de nuestro tiempo, la descarbonización, la transición energética o la resiliencia frente al cambio climático, solo serán posibles con nuevas infraestructuras y la adecuación de las existentes.

España puede sentirse orgullosa de ser un referente internacional en materia de infraestructuras. Muchos países miran hacia nuestro modelo, que ha sabido combinar de forma ejemplar calidad, precio y plazo. Una inversión estable, diseñada para permitir la participación de numerosas empresas y una contratación transparente, abierta y competitiva, han impulsado una mejora continua de las empresas y de los proyectos que ejecutan.

Contamos hoy con un sector privado diverso y altamente cualificado, grandes, medianas y pequeñas empresas que trabajan con rigor y vocación de servicio y con un sector público comprometido con la gestión más eficiente de la contratación pública.

Mantener este sector en buen estado para seguir prestando el mejor servicio, requiere asegurar la solidez de los cuatro pilares sobre los que se asienta: Inversión suficiente y estable, ajustada a las necesidades reales en cada momento; Transparencia, como garantía de confianza institucional y ciudadana; Competencia, como base de la eficiencia y la calidad; y Rentabilidad, como condición indispensable para la sostenibilidad económica de las empresas y la viabilidad de los proyectos.