• Santos se refiere a un nivel de inversión suficiente y estable, garantizar la libre competencia, equilibrio entre la eficiencia de la contratación y la rentabilidad y la escasez de mano de obra
Concha Santos durante la jornada

Madrid, 30 de enero de 2026. La presidenta de ANCI, Concha Santos, ha participado en la segunda edición de las jornadas Ibericonstruct, celebradas en la madrileña Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, donde, durante una mesa redonda, abordó algunos de los principales retos que encara el sector de la Construcción: que haya un nivel de inversión suficiente y estable, garantizar la libre competencia, alcanzar el equilibrio entre la eficiencia de la contratación pública y la rentabilidad de la actividad constructora y el de la escasez de mano de obra.

Respecto al primero de los desafíos apuntados por la presidenta de ANCI, que haya un nivel de inversión suficiente y estable, destacó “la necesidad de invertir en construcción, modernización y mantenimiento de infraestructuras y la importancia de poner esta inversión, o gasto productivo, en el foco de la prioridad presupuestaria, frente a un gasto corriente que hoy crece incluso por encima de la propia economía”. Junto a ello, Santos reclamó “que se pueda optimizar la capacidad de financiar esa inversión, complementando los presupuestos públicos con el capital privado, utilizando esquemas de CPP”.

Sobre la libre competencia, la presidenta de ANCI pidió “evitar que haya barreras innecesarias a la concurrencia en los procesos de licitación”, además de “vigilar el uso adecuado que hacen las administraciones de la contratación in-house”. En relación al equilibrio entre la eficiencia de la contratación pública y la rentabilidad de la actividad constructora, Santos expuso la necesidad de que las licitaciones se hagan con precios actualizados de mercado, la incorporación de un sistema de revisión de precios automático que alcance a todos los contratos y que incluya la revisión del coste de mano de obra, así como evitar que en las licitaciones la tensión competitiva se centre demasiado en el precio.

Y con respecto a la escasez de mano de obra, reseñó cómo está ligada a algunos de los retos ya referidos: “La construcción debe poder ofrecer confianza en la estabilidad laboral y eso requiere una actividad empresarial sin altibajos, que viene dada por una inversión estable”. Asimismo, prosiguió Santos, se debe “poder ofrecer una retribución salarial atractiva y para ello la actividad constructora debe resultar rentable”. La presidenta de ANCI también se refirió a otras medidas para cubrir el déficit actual, acelerando la entrada de nuevos trabajadores (facilidades para la contratación en origen, regularizaciones mediante arraigo por formación o la adaptación de itinerarios formativos tradicionales hacia modelos más cortos).

Ley de Desindexación
Santos también aludió a las problemáticas derivadas de la Ley de Desindexación, planteada en su día para controlar el gasto público en un momento de profunda crisis económica en España. En los contratos de obras, la misma supuso modificar el régimen de revisión de precios, hasta entonces obligatorio, además de limitar su efecto con efecto con una serie de ‘franquicias’, lo que supuso que, en la práctica, se dejara de incluir la revisión de precios en los contratos de obras.

Los precios no han dejado de crecer desde la escalada de 2021, de forma que los costes de construcción, de media, han aumentado desde entonces un 27%. “Y a pesar de ello, y salvo excepciones, los órganos de contratación siguen sin incluir la revisión de precios en los contratos de obras. Y en cualquier caso la mano de obra no se revisa nunca”. Todo ello ha derivado en una reducción generalizada de la rentabilidad, “llegando incluso a generar problemas de viabilidad de los contratos en ejecución por no poder ejecutarse a pérdidas”, apuntó.

Además, la Ley de Desindexación también ha afectado negativamente a los contratos de concesión, prosiguió la presidenta de ANCI, ya que fijó la tasa de descuento de los proyectos concesionales al interés de los bonos del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos (limitando la rentabilidad a un valor fijo “sin tener en cuenta el riesgo que se vaya a asumir en el proyecto”). Algo que ha provocado que el mercado concesional en España sea prácticamente inexistente y ante lo que reclamó “permitir que la rentabilidad, la tasa de descuento, se defina para cada proyecto en función de su riesgo operacional”.