Madrid, 25 de septiembre de 2024. Las infraestructuras son esenciales para la sociedad, para su bienestar hoy y para el futuro verde y sostenible que necesitamos. Por eso, su demanda continuará creciendo en los próximos años para cubrir las necesidades que conllevan el continuo aumento de la población, el cambio climático y la incorporación de las nuevas tecnologías.

El sector de la construcción español tiene el potencial para poder acometer con éxito los proyectos necesarios, gracias a un tejido sólido, diverso y competitivo de empresas de diseño, construcción, mantenimiento y producción de materiales. Sin embargo, existen dos complejos desafíos que hay que gestionar para evitar poner en riesgo ese futuro: la falta de mano de obra cualificada y la sostenibilidad de la financiación de las inversiones.

La incorporación efectiva de trabajadores al mercado laboral requiere de un decidido impulso de la administración mediante políticas de formación y laborales realistas y adaptadas a las necesidades del mercado. Pero además, en un sector tan ligado a la contratación pública, es esencial que ésta permita una rentabilidad empresarial suficiente para poder ofrecer un marco salarial atractivo. Iniciativas que pueden resultar muy positivas en este sentido serían una planificación y programación transparente y eficiente de las inversiones -permitiendo tanto la optimización de los recursos públicos como la mejora de la organización de las empresas-, la asignación de presupuestos a los proyectos acordes a precios actuales, facilitar la concurrencia a las licitaciones, mejorar la flexibilidad de los contratos mediante la incorporación de cláusulas de revisión de precios, incorporar mecanismos que permitan a las empresas recibir pagos anticipados para financiar las fases iniciales de los proyectos, etc.

La segunda cuestión es garantizar la sostenibilidad de toda esa inversión necesaria en los próximos años, lo que, sin duda, requiere un consenso sobre un modelo de financiación equilibrado y eficiente, que complemente los fondos públicos con fondos privados, bajo esquemas tipo PPP, asignando a cada proyecto el modo de financiación más adecuado.