• Artículo originalmente publicado en el diario Expansión, dentro de su especial ‘Quién es Quién en la economía española’ 2023

Madrid, 27 de septiembre de 2023. La existencia en España de un ecosistema rico y diverso de empresas constructoras, junto a un sistema de contratación pública basado en la concurrencia competitiva, ha garantizado la eficiencia de aquella, en términos de plazos, calidad y coste de las infraestructuras o los servicios contratados. Asimismo, ha fomentado la mejora continua de dichas empresas que, a fin de diferenciarse del resto, apuestan por la formación, la innovación y la sostenibilidad.

Conforma así la Construcción un sector sólido, moderno y con un gran potencial dinamizador de la economía y generador de empleo sobre el que sustentar el bienestar de nuestro país. Es por ello esencial mantener la buena salud del sector y, en consecuencia, la de las empresas y sus trabajadores, lo cual, en gran medida, depende de las decisiones de las Administraciones Públicas.

La decisión fundamental, obviamente, es sobre la inversión. Gracias a los fondos europeos Next Generation vivimos un momento expansivo de inversión en infraestructuras. Ahora bien, éstas son un servicio fundamental para los ciudadanos que no puede estar al albur de ciclos económicos y períodos de consolidación fiscal, por lo que se debería reconocer la necesidad de asegurar una parte del gasto en inversión pública que permita disponer de las infraestructuras necesarias en cada momento.

Acto seguido, la inversión debe ajustarse a la realidad de los precios y costes, y no apelando a los posibles márgenes empresariales. Para ello es esencial licitar los contratos públicos a precios de mercado y garantizar su viabilidad y equilibrio económico, recuperando el carácter automático y estable del régimen general de la revisión de precios previsto en la LCSP, así como, en un entorno de creciente incremento de los costes salariales, incluyendo la revisión de éstos.

Y finalmente, pero no por ello menos importante, las administraciones deben velar por mantener ese variado tejido empresarial que permita una sana competencia –y con ello sus beneficios–, por lo que todas las iniciativas relacionadas con la contratación pública (modificaciones del marco normativo, tamaño de los contratos, requisitos para contratar, etc.), deben observar siempre esa máxima.