• Artículo originalmente publicado en el especial XV aniversario de la revista Potencia  

Madrid, 19 de octubre de 2021. La construcción está llamada a impulsar la recuperación económica en España durante los próximos meses. La llegada de los fondos Next Generation supone una oportunidad única de paliar el déficit inversor acumulado en materia de infraestructuras desde la crisis de 2008 y el comienzo de la consolidación fiscal en 2010. Y, cerrando esa brecha, cimentar las bases de una reactivación económica sostenible, competitiva y cohesionada.

Tras años de inversiones relegadas, se acumulan las actuaciones pendientes en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en áreas como transporte, movilidad, vivienda, agua, medioambiente, gestión de residuos, cambio climático, eficiencia energética y salud pública. Junto a ellas, necesidades de conservación y mantenimiento de las infraestructuras existentes.

Necesidad y oportunidad se alinean.

Una gran oportunidad. Y no solo para que el país se ponga al día con el déficit de infraestructuras que está suponiendo, por ejemplo, que tengamos sanciones desde Europa por incumplir la Directiva Marco del Agua, sino para hacer frente a la manifestación más dramática y relevante de toda crisis: el desempleo, la principal preocupación de los españoles. Nuestro sector es el segundo mayor creador de empleo en España (14 puestos de trabajo directos e indirectos por cada millón de euros invertido en infraestructuras). Además, tiene la virtud de hacerlo de manera inmediata. La Confederación Nacional de la Construcción ha estimado que se necesitarán cerca de 700.000 trabajadores para poder ejecutar los proyectos que abordan los fondos europeos.

La inversión en infraestructuras siempre ofrece tres dividendos: económicos –incremento del PIB, competitividad y empleo–, sociales y medioambientales y, además, su transversalidad contribuye al desarrollo de otros sectores. Por ello, es de máxima importancia que el marco en el que vayan a desarrollar los proyectos del sector ligados al programa NGEU, sea el adecuado para garantizar su ejecución al cien por cien.

No son, sin embargo, pocos ni menores los retos que en este sentido se nos presentan.

Ya lo estamos viendo. El incremento sin precedentes del precio de las materias primas, que se viene produciendo desde mediados del año pasado, está afectando gravemente al sector, poniendo en peligro el equilibrio económico de los contratos y su ejecución, incluso haciendo inviable la ejecución de muchos proyectos.

Precisamente para este tipo de situaciones, y con el objetivo de mantener el equilibrio económico del contrato para garantizar el efectivo cumplimiento del mismo, la normativa española prevé un mecanismo para actualizar el precio en función de la variación, al alza o a la baja, de los costes que conforman algunas de las prestaciones del objeto del contrato: la revisión de precios.

Desafortunadamente, este mecanismo está prácticamente en desuso desde la entrada en vigor del RD 55/2017 por el que se desarrolla la Ley de Desindexación de la Economía Española y la regulación al respecto en la Ley de Contratos del Sector Público, que transformó el procedimiento de obligatorio a discrecional por parte de los órganos de contratación.
Es por ello imprescindible disponer de los medios necesarios para evitar que esta situación con las materias primas interfiera con la gestión de los proyectos con cargo a los fondos NGEU, y puedan completarse en los plazos establecidos. En concreto, urge incorporar, con carácter obligatorio, un mecanismo automático de revisión de precios para todos los nuevos contratos de obra pública, de forma general en todos los órganos de contratación.

De no hacerlo, lo que se pone en riesgo es el éxito del propio plan de recuperación. Y eso, no nos lo podemos permitir.