Madrid, 5 de octubre de 2021. Desde mediados de 2020, las materias primas están experimentando un desorbitado incremento de precio. Diversos factores están detrás de este alza de precios: el aumento de la demanda de materias primas, inicialmente en China, pero también en el resto del mundo al calor de la recuperación económica, la lenta recuperación de la capacidad productiva a nivel mundial tras la inactividad durante la pandemia, el incremento en los precios del transporte marítimo de mercancías y los recortes de suministro por las asimetrías en las rutas comerciales y la reducción de contenedores disponibles, el encarecimiento de la energía, un dólar más bajo (la mayoría de las materias primas se producen en los mercados emergentes pero su precio suele expresarse en dólares y así, cuando el dólar se debilita, el precio de estas materias primas en términos de dólares aumenta) e, incluso, las propias estrategias comerciales de los países productores de materias primas.
Por otro lado, la abundancia de liquidez inducida por los programas de estímulo monetario de los bancos centrales, así como las previsiones de inflación, hacen que los inversores busquen cobertura en las commodities, provocando la presión compradora de materias primas que se observa hoy en los mercados bursátiles.
La evolución de los precios de las materias primas es difícilmente predecible, pero parece lógico pensar que las materias primas seguirán en alza en la medida que la recuperación de la economía global tome mayor ritmo y mientras no se amplíe la oferta. Las perspectivas de un creciente gasto en vivienda e infraestructuras en muchos países al calor de los planes de recuperación, así como la inversión en energías renovables y vehículos eléctricos, estimulan la demanda de materias primas industriales. Con esta previsión, el índice Dow Jones de commodities, que refleja movimientos en los precios de los contratos de futuros de un conjunto diversificado de materias primas pertenecientes a diversos sectores, incluyendo energéticas, se encontraba en 563,75 euros a finales de julio de 2020, mientras que a comienzo de octubre de 2021 se sitúa en 906,05 euros, lo que supone un incremento desde entonces del 60,72% y de aproximadamente un 54% en el interanual.
Esta situación está suponiendo un fuerte impacto en muchos sectores productivos. El sector de la construcción de obra pública entre ellos, con la particularidad de que su cliente son las diferentes Administraciones Públicas y que su actividad se rige por una normativa específica, en la que no está considerada la revisión de precios, por lo que los contratistas deben asumir durante la ejecución de las obras, cualquier alteración en las estructuras de costes a sus expensas.
Esto nos obliga a recordar que, la teoría del riesgo imprevisible distingue los riesgos funcionales o de orden técnico (que son los fortuitos en la ejecución del contrato y son asumidos por el empresario en virtud del principio de riesgo y ventura), y los riesgos ajenos al empresario que los sufre, como son los derivados de la inestabilidad monetaria por encima de la evolución previsible y prevista, pues en este caso, los sucesos acaecidos no entran a formar parte del riesgo y ventura del contratista, máxime cuando tales imprevistas variaciones no han sido adecuadamente afrontadas mediante el mecanismo de revisión de precios.
