Madrid, 14 de mayo de 2021. No es esta la primera ocasión en la que se plantea el pago por uso en carreteras, ni éste el primer gobierno que lo hace. Pero si parece que estamos hoy más cerca de aplicarlo. Sería en 2024, según el Plan de recuperación presentado por España en Bruselas.

Las voces críticas, que no han cesado desde su anuncio, argumentan que supondría pagar de nuevo por el uso de una infraestructura que ya fue construida con los impuestos de los ciudadanos.

El problema es que no basta con construirla… hay que mantenerla a lo largo de los años en condiciones de servicio adecuadas y seguras. Y la realidad para los millones de conductores que circulan a diario por las carreteras es que van aguantando a base de «parches», porque sólo se va actuando donde es más urgente. ¿Cuánto más pueden aguantar así?

La seguridad y el confort de las carreteras, primordial para sus usuarios, tiene un coste conocido. El debate es cómo lo pagamos. Los presupuestos públicos se nutren de nuestros impuestos para financiar los gastos de todos, por lo que hay dos caminos: subir los impuestos o recortar otros gastos… ¿Hay alguna partida presupuestaria que podamos disminuir para atender esta necesidad? Sin entrar en disquisiciones sobre la eficiencia del gasto público, la realidad que representan los sucesivos Presupuestos Generales del Estado no apunta a ello. Al contrario, aumenta el déficit en conservación, y menos aún parece que vaya a remediarse ahora, con una economía terriblemente afectada por la crisis sanitaria. ¿Y entonces?

Entonces no queda sino que obtener nuevos ingresos para poder atender ese gasto necesario. Surge así la posibilidad de introducir sistemas de pago a los usuarios de la infraestructura viaria -en lugar de a todos los contribuyentes-, para generar recursos destinados específica y exclusivamente a adecuar las carreteras, a sus necesidades de confort y seguridad.

Cualquier nueva tasa es, de entrada, una medida claramente impopular. Por ello requiere de un doble ejercicio de responsabilidad. En primer lugar, por parte de los usuarios de las carreteras, que debemos asumir que usarlas y «desgastarlas» nos supondrá un coste para mantenerlas adecuadamente, es decir, en nuestro propio beneficio. En segundo lugar, por parte de la Administración, que tiene que hacer un uso responsable de su capacidad de gestión, estableciendo un sistema de tarificación que optimice la relación coste-beneficio para el usuario, garantizándole que lo que paga revierte directa y totalmente en su seguridad y en su bienestar. Y, todos juntos, debemos llegar a un consenso.

Existen diversos esquemas para implantar un sistema de pago por uso. Uno de los más utilizados en los países europeos es la viñeta, una tasa por el derecho de uso de la carretera durante un periodo de tiempo. Este sistema se puede implantar y gestionar de forma rápida y económica, con un coste razonable para el usuario. Valga como ejemplo la viñeta suiza, una de las más sencillas, que para los vehículos ligeros tiene un importe de unos 40 euros anuales. Es cierto que este sistema no discrimina el uso efectivo de cada usuario, pero también cabe valorar diferentes tarifas según las circunstancias.

Otros modelos se basan en el pago según la distancia recorrida por los usuarios, controlado mediante pórticos sin barreras. Al contrario que la viñeta, exige una fuerte inversión inicial, ya que requiere la instalación de numerosos pórticos de telepeaje que, por otro lado, soportan un elevado coste de mantenimiento. Además, las nuevas tecnologías avanzan hacia sistemas de telepeaje que dejan obsoletos a los clásicos basados en pórticos. Parece lógico que, puestos a tomar la medida, el sistema elegido tenga recorrido a futuro, es decir, que sea consistente con el nuevo modelo de movilidad inteligente y conectada hacia el que nos dirigimos -en buena parte, gracias a los fondos de recuperación europeos-.

Cabría entonces plantear una implantación por fases, comenzando por una viñeta, sin prácticamente inversión inicial, pero con un retorno sobre la carretera que ya sería perceptible por el usuario. Entretanto, se irán afianzando las nuevas tecnologías de telepeaje, que se instalarían en su momento sin tener que recurrir a fuertes inversiones iniciales. A fin de cuentas, se trataría de minimizar la inversión inicial, evitando gastos innecesarios y, por tanto, maximizando el retorno de la iniciativa para el usuario.

Cual será finalmente el modelo para implantar el pago por uso no es, como vemos, cuestión baladí. Cualquier política de pago por uso deberá siempre, y, en cualquier caso, no perder de vista el objetivo final, garantizar el mejor servicio al usuario.