Madrid, 04 de mayo de 2021. “Es la mayor oportunidad que vamos a encontrar en los próximos años». Así resumía esta semana ante la prensa la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, las implicaciones para España de los cerca de 70.000 millones de euros en transferencias directas que prevemos recibir de la Unión Europea. Lo decía inmediatamente después del Consejo de Ministros en el que el Gobierno aprobaba el preceptivo Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Sin duda, como declaraba la ministra -y coincidiremos todos, más allá de la tendencia política de cada cual-, se trata de una ocasión histórica.
Nos corresponde estar a la altura. Entre todos debemos ser capaces de ejecutar eficaz e íntegramente unos fondos que son esenciales para la recuperación que el país y los ciudadanos necesitan.
Según los datos del último Eurobarómetro, la principal preocupación para el 51% de los españoles es el desempleo. Lógico, el empleo es la base para impulsar el bienestar, la inclusión y la cohesión social, posibilitando la participación de las personas, la distribución de la riqueza y la garantía de los derechos. El empleo vincula a las personas con la sociedad y la economía en la que viven y, en definitiva, les permite llevar una vida digna. Desafortunadamente, la pandemia ha supuesto la pérdida de 600.000 empleos en 2020 y, como reflejaba la Encuesta de Población Activa esta semana, tenemos más de un millón doscientas mil familias con todos sus miembros en paro en nuestro país. Sin contar a las más de 700.000 personas que aún se acogen a un ERTE. Sin duda, una coyuntura dramática, especialmente grave para los jóvenes, en la que sectores altamente intensivos en mano de obra se encuentran muy dañados por el virus y tardarán aún en recuperarse.
No cabe duda de que la recuperación del empleo para que los ciudadanos y las familias puedan retomar su actividad es, debe ser, la prioridad de todos.
Por ello se deben establecer políticas macroeconómicas favorables a reducir, rápidamente, el desempleo ocasionado por la crisis. Por ello, los fondos procedentes del Plan de Recuperación para Europa son claves, y cómo y en qué se van a invertir, decisivo.
Porque no se trata de invertir indiscriminadamente para crear puestos de trabajo a corto plazo, sino que debe hacerse de forma alineada con las oportunidades y necesidades del país, junto con las prioridades de la agenda europea.
Aquí es donde entra en juego la construcción, que es el segundo sector que más empleo crea en España (catorce puestos de trabajo directos e indirectos por cada millón de euros invertido en infraestructuras). Esta capacidad de generar empleo de manera inmediata es crucial en estos momentos. Y más si consideramos que la construcción ofrece un empleo de calidad, donde podrían reubicarse buena parte de los trabajadores más afectados por el desempleo, aquellos con menor cualificación o experiencia, junto a mujeres y jóvenes.
A pesar de la relevancia que tiene hoy este dato por sí solo, la limitación de los recursos disponibles debe llevarnos a invertir en aquello que sea realmente necesario y productivo para el país, cubriendo déficits y haciendo de España un país más competitivo y sostenible.
Cada euro invertido en infraestructuras debe ofrecer tres dividendos: económicos -incremento del PIB y empleo-, sociales y medioambientales. La planificación es siempre, pero hoy más que nunca, esencial.
Se debe, por tanto, priorizar la inversión en infraestructuras sostenibles y estratégicas. Unos proyectos que generen empleo de manera inmediata, sí, pero que a largo plazo sean útiles para garantizar la cohesión territorial, la competitividad del país, la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad medioambiental.
Porque en materia de infraestructuras no está todo hecho. Al contrario, España tiene que abordar numerosas actuaciones pendientes en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en áreas como transporte, movilidad, vivienda, agua, medioambiente, gestión de residuos, cambio climático, eficiencia energética y salud pública. Infraestructuras claramente necesarias después de más de diez años de déficit inversor, durante los que fueron relegándose multitud de nuevas infraestructuras imprescindibles, junto a necesidades de conservación y mantenimiento de las existentes.
Por eso, los fondos europeos del Plan de Recuperación ofrecen una posibilidad única, que no podemos perder, de reactivar la economía y generar empleo, invirtiendo en esas infraestructuras tan necesarias y que no podemos retrasar más. Sirva el ejemplo de Estados Unidos, donde el presidente Biden ya ha anunciado un programa extraordinario de dos billones de dólares dedicado a infraestructuras.
Desde ANCI, la asociación de las constructoras no cotizadas, hemos seleccionado ciento setenta proyectos que encajarían en los componentes del Plan “España Puede” y que, además, se pueden poner en marcha con rapidez. Son actuaciones reclamadas por los distintos territorios y con un grado de planificación muy alto. Y no se trata de “macroproyectos”, sino de proyectos cuyas dimensiones hacen que, por un lado, sea posible cumplir el estricto calendario establecido por Europa y, por otro, resultan accesibles para numerosas empresas, lo que permitiría mantener además un rico tejido empresarial en el sector, de cara a fomentar la competencia y garantizar así la eficiencia de la licitación pública, es decir, que la sociedad se beneficie de las mejores ofertas.
En resumen, tenemos la oportunidad de invertir para que las personas trabajen en la construcción de una España sostenible, competitiva y cohesionada territorialmente. Pero también un plazo muy corto para hacerlo, por el propio horizonte temporal que establecen los fondos europeos. Por eso es indispensable hacer el mejor uso posible de las herramientas que ya poseemos.
Aprovechemos la oportunidad que nos brindan los fondos europeos, por el país y por las personas que en él vivimos.